Una vez más, la diputada nacional Sofía Brambilla vuelve a dejar en evidencia su lealtad incondicional a los intereses del gran capital agropecuario, en detrimento de las mayorías populares que día a día luchan por satisfacer sus necesidades más básicas. A través de un nuevo proyecto de resolución, Brambilla solicita explicaciones al Gobierno nacional por la postergación en la implementación obligatoria del sistema de trazabilidad electrónica del ganado. No lo hace por una preocupación técnica o sanitaria. Lo hace, como siempre, para defender los privilegios de los grandes terratenientes y grupos concentrados que controlan la riqueza rural de nuestra provincia.
UNA AGENDA AJENA A LAS URGENCIAS DEL PUEBLO
Mientras los barrios populares de Corrientes carecen de acceso digno al agua potable, a una alimentación saludable, a servicios básicos de salud o a una vivienda adecuada, la diputada prefiere poner el foco en las supuestas “dificultades” que enfrentan los grandes productores ganaderos para cumplir con una medida de control estatal mínima. Ni una palabra sobre los trabajadores rurales en condiciones de semi-esclavitud. Ni una propuesta para resolver el hambre que avanza en las periferias urbanas. Su agenda legislativa se subordina por completo a los sectores más concentrados del poder económico local, que históricamente se han beneficiado con subsidios millonarios, beneficios fiscales y normativas a medida.
TRAZABILIDAD: UNA EXCUSA PARA PRESIONAR
El reclamo de Brambilla por la postergación de la trazabilidad electrónica no es más que un nuevo capítulo de presión corporativa para mantener a raya cualquier intento del Estado de intervenir —aunque sea parcialmente— en la cadena productiva. Su “preocupación” por el stock de caravanas electrónicas y por la participación del sector privado en la toma de decisiones encubre una defensa cerrada de los intereses de las cámaras agropecuarias que, con discursos de modernización, esconden su rechazo sistemático a toda forma de control y redistribución.
En lugar de acompañar la medida como una herramienta para garantizar mayor sanidad animal, combatir el abigeato y transparentar la cadena comercial —lo cual podría incluso mejorar los ingresos fiscales del Estado—, la diputada actúa como vocera oficial de quienes especulan con los precios de la carne y exportan millones mientras empobrecen al pueblo trabajador.
EL CAMPO COMO NEGOCIO PRIVADO Y NO COMO BIEN SOCIAL
La lógica política que representa Brambilla reproduce la visión de que el “campo” es propiedad exclusiva de quienes concentran la tierra, y no una fuente de producción social que debería estar al servicio del bienestar colectivo. Esa idea de que todo lo que afecta mínimamente los márgenes de ganancia de los grandes productores debe ser revisado, suspendido o postergado, es funcional a una estructura económica injusta, dependiente y excluyente.
Mientras tanto, los campesinos sin tierra, los pequeños productores familiares, los trabajadores rurales precarizados y las comunidades indígenas siguen excluidos de los debates institucionales. No hay proyectos de ley de Brambilla que los incluyan. No hay una sola resolución que reclame políticas públicas para el acceso a la tierra o la soberanía alimentaria. Solo hay gestiones para los de siempre: los que ya tienen todo.
NECESITAMOS UNA REPRESENTACIÓN POPULAR, NO EMPRESARIAL
La democracia representativa no puede seguir siendo un espacio capturado por quienes actúan como lobbistas de las elites económicas. Diputadas como Brambilla no representan al pueblo trabajador. Representan los intereses de las sociedades rurales, de los exportadores, de los dueños de la tierra. Cada vez que hablan de “incertidumbre” o “falta de respuestas”, en realidad están presionando para condicionar al Estado y bloquear cualquier intento de regulación.
Desde una perspectiva comunista, resulta imprescindible denunciar esta complicidad estructural entre el poder legislativo y los núcleos del capital agrario. Y al mismo tiempo, impulsar una transformación radical del sistema político y económico que devuelva al pueblo el control sobre los bienes comunes, la producción y la riqueza generada con su trabajo.
Porque mientras el ganado cuenta con más defensa que los niños con hambre, y los empresarios agropecuarios reciben más atención que los trabajadores sin derechos, no hay justicia ni democracia real.#BrambillaNoNosRepresenta
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