El gobernador Gustavo Valdés encabezó inauguraciones en Pago de los Deseos tras años de abandono estatal, en lo que sectores críticos consideran una estrategia electoralista para posicionar a su hermano Juan Pablo Valdés de cara a los próximos comicios provinciales.
MANIOBRA ELECTORALISTACon un acto que incluyó la habilitación de una nueva comisaría, una patrulla policial, refacciones en una plaza y un salón comunitario, Valdés reapareció en escena en un municipio del interior luego de prolongados períodos de inacción en materia de seguridad y servicios públicos. La visita se percibe como un intento de capitalizar políticamente obras aisladas, sin responder a un plan estructural.
Durante más de tres años, la gestión provincial desatendió reclamos por precariedad laboral, bajos salarios y deficiencias operativas en fuerzas de seguridad. Ahora, en un contexto preelectoral, las intervenciones se presentan como logros cuando en realidad deberían ser obligaciones básicas del Estado.
DESIGUALDADES Y AUSENCIA DE PLANLas mejoras exhibidas en Pago de los Deseos no se inscriben en una política pública sostenida. La provincia continúa con vastas zonas sin cobertura policial eficiente, instalaciones deterioradas y móviles en mal estado. Al mismo tiempo, empleados estatales enfrentan ingresos congelados y condiciones laborales adversas.
La incorporación de una tecnicatura policial, anunciada como innovación, se realiza sin una propuesta clara de estabilidad ni profesionalización. La seguridad sigue desvinculada de políticas integrales que incluyan salud, educación y justicia como factores clave.
UTILIZACIÓN POLÍTICA DEL ESTADOLa presencia del intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, en los actos en Pago de los Deseos, sin vinculación directa con su cargo, refuerza las sospechas sobre una estrategia de posicionamiento político familiar. Críticos advierten sobre el uso de recursos públicos para instalar figuras que apuntan a la sucesión dentro del oficialismo provincial.
Este modelo, marcado por el patrimonialismo y el marketing institucional, debilita la transparencia democrática y profundiza la distancia entre ciudadanía y gobierno. El silencio de los ministros provinciales ante esta dinámica fue notorio.
DEMANDA DE UNA NUEVA GESTIÓNDesde sectores con visión socialdemócrata, se cuestiona que el Estado sea utilizado como plataforma electoral en lugar de ser garante de derechos y equidad territorial. Las políticas públicas deben planificarse con criterio federal, inclusivo y participativo, para corregir las asimetrías históricas que afectan al interior correntino.
Los reclamos apuntan a la necesidad de un cambio de rumbo que priorice la inversión sostenida, salarios dignos, fortalecimiento institucional y políticas de largo plazo que no estén atadas al calendario electoral. La ciudadanía exige una gestión que resuelva problemas reales y no se limite a puestas en escena coyunturales.
EXIGENCIAS CIUDADANASEn este contexto, los vecinos esperan mucho más que actos protocolarios. Demandas urgentes como mayor presencia estatal, seguridad efectiva, servicios básicos garantizados y mejoras salariales para trabajadores públicos siguen sin respuestas concretas. La credibilidad de la gestión se pone en juego frente a cada inauguración que no viene acompañada de un verdadero cambio estructural.
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