La desgarradora emergencia causada por los terremotos del pasado 24 de junio, que azotaron siete de los 23 estados venezolanos, ha dejado más que nunca en evidencia la enorme corrupción, el colapso de los sistemas de emergencia y la incapacidad de respuesta del régimen chavista que impera en Venezuela desde hace más de casi tres décadas.
Los sismos desnudaron la verdad sobre el proyecto “La Gran Misión Vivienda Venezuela”, que supuestamente construyó más de cinco millones de “viviendas antisísmicas y dignas del pueblo”, la mayoría de ellas en La Guaira, una de las zonas más afectadas por la tragedia. En décadas de crisis económica, prácticas corruptas y medidas populistas, estas edificaciones no solo fueron levantadas sin cimientos adecuados y sin estudios técnicos, sino que además utilizaron materiales de construcción de pésima calidad.
Los más recientes datos difundidos por las autoridades elevan el saldo a unos 5500 muertos, casi 20.000 heridos y una cantidad imprecisa de miles de desaparecidos. Además, más de 20.000 venezolanos se quedaron sin vivienda.
Cualquier catástrofe de esta magnitud plantea mucho más que daños materiales. Revela si las instituciones funcionaban, si las obras se hicieron bien, si hubo supervisión, si alguien revisó los contratos, si se respetaron las normas de construcción, si había protocolos de emergencia, si los hospitales podían responder y si la ayuda podía llegar a tiempo.
La devastación causada por los terremotos no admite discursos vacíos. Con el inmenso dolor que experimentan millones de venezolanos, compite el hartazgo frente a una clase política teñida de populismo y corrupción que ha sabido vaciar al Estado por décadas, ignorando las demandas de la sociedad venezolana.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2025, Venezuela es uno de los tres países más corruptos del mundo, solo superado por Sudán del Sur y Somalia. Obtuvo apenas 10 puntos sobre 100 y se ubicó en el puesto 180° sobre 182 naciones evaluadas.
Un país sin instituciones fuertes está claramente más indefenso frente a cualquier emergencia. Un gobierno sin controles puede esconder convenientemente por años la corrupción, pero no puede esconder las tan terribles como inmediatas consecuencias que la realidad impone.
Los terremotos mostraron el otro precio que paga un pueblo cuando la corrupción se institucionaliza. Venezuela no puede permitirse otro ciclo de dolor sin cargar sobre sus responsables. Lamentablemente, la altísima politización y la falta de independencia del sistema judicial venezolano protegerán a los responsables de tantos escombros como de negligencia. Llega el tiempo de que el castigado país retome una senda democrática que permita recuperar el Estado de Derecho. Que esta nueva tragedia no termine enterrada bajo el silencio y la impunidad.
LA NACION