El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ratificó la sentencia que impuso 11 años de prisión a un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una niña de 8 años en Pueblo Libertador. El fallo confirmó la condena dictada por el Tribunal de Juicio de Goya y rechazó el recurso de casación presentado por la defensa.
El caso se originó en noviembre de 2022, cuando el imputado, abuelo paterno de la víctima, cometió el delito en su domicilio. El tribunal basó su decisión en pruebas testimoniales, informes médicos y periciales que confirmaron las lesiones compatibles con abuso sexual.
EVALUACIÓN DE LAS PRUEBASEl ministro Alejandro Alberto Chain, ponente del fallo, destacó el valor probatorio del informe psicológico de la víctima, cuya declaración fue considerada coherente y sin indicios de invención. Asimismo, se tuvo en cuenta el testimonio del hermano menor de la niña, quien presenció el hecho, y los dictámenes médicos que corroboraron las lesiones.
Chain afirmó que la sentencia se sostiene por sí misma, explicando la acreditación del hecho, la autoría del imputado y la calificación legal del delito con la correspondiente pena.
RECHAZO A LOS ARGUMENTOS DE LA DEFENSALa defensa intentó impugnar la sentencia argumentando la admisión de pruebas extemporáneas y la omisión de testimonios, pero estos planteos fueron rechazados por el STJ al considerar que no alteraban el núcleo probatorio.
El Fiscal General también solicitó el rechazo del recurso de casación y avaló el mantenimiento de la prisión preventiva del condenado, al señalar que la concreción de la pena aumenta el riesgo de fuga.
VOTO CONCORDANTE Y CONSIDERACIONES FINALESEl ministro Eduardo Gilberto Panseri, aunque discrepó con el orden de votación establecido, acompañó el criterio mayoritario y votó a favor de confirmar la condena. La decisión del STJ implica la firmeza de la condena y la continuidad de la prisión preventiva del acusado, que cumple actualmente la pena en una unidad penitenciaria.
El fallo reafirma la aplicación rigurosa de la justicia en casos de abuso sexual contra menores, tomando en cuenta las pruebas periciales, testimoniales y psicológicas para garantizar una resolución fundamentada y coherente.
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