Los gobernadores provinciales se reunirán este lunes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para definir una postura común frente a la Casa Rosada, a la espera de una respuesta concreta a sus reclamos financieros. La preocupación central gira en torno a la fuerte caída de la recaudación en las provincias, derivada —según argumentan los mandatarios— de decisiones fiscales tomadas por el Gobierno nacional que han debilitado los ingresos tributarios, especialmente en rubros sensibles como combustibles y tecnología.
Esta tensión, que se juega en la antesala de la conformación del Consejo de Mayo, revela una disputa por recursos que podría tener consecuencias directas sobre los servicios públicos, la inversión local y los bolsillos de los ciudadanos comunes.
RECLAMOS POR FONDOS Y COPARTICIPACIÓN
El punto neurálgico de la discusión es el pedido de los gobernadores para que se coparticipen los fondos remanentes de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un instrumento que suele ser utilizado por el Poder Ejecutivo nacional para asistir financieramente a las provincias, especialmente en situaciones de emergencia. Además, solicitan que se modifique el esquema del impuesto a los combustibles líquidos, una medida que afectó la distribución de fondos coparticipables.
Los gobernadores consideran que la eliminación de ciertos impuestos internos y la nueva fórmula de cálculo de anticipos de Ganancias para sociedades generaron una merma significativa en las arcas provinciales. A esto se suma una recaudación debilitada por la recesión económica que afecta el consumo y, por ende, los ingresos fiscales.
CÓMO REPERCUTE ESTO EN LA VIDA COTIDIANA
Detrás de esta discusión técnica se esconden efectos concretos para el ciudadano común. La caída de la recaudación en provincias como Corrientes implica menos recursos para infraestructura básica, educación, salud y seguridad. También puede derivar en retrasos salariales en la administración pública, menor actividad en obras públicas y una desaceleración de la economía local, con impacto directo sobre el empleo.
Además, de no mediar una respuesta efectiva del Gobierno nacional, las provincias podrían recurrir al endeudamiento o a ajustes internos, lo que en muchos casos se traduce en subas de tarifas provinciales, eliminación de subsidios o recortes en programas sociales.
El pedido de modificar el impuesto a los combustibles tiene también una implicancia directa sobre los precios en el surtidor. Si no se redefine el esquema, las provincias perderán participación en ese tributo, lo que podría incentivar subas para compensar la pérdida o una reducción de subsidios al transporte, encareciendo el costo de vida.
JUEGO POLÍTICO Y LEGISLATIVO
La reunión del lunes se da en un contexto donde la Nación busca afianzar el apoyo de los gobernadores a través del Consejo de Mayo, una instancia que proyecta una serie de reformas estructurales, como la reforma laboral, la revisión del sistema previsional y la redefinición de la coparticipación.
Sin embargo, los mandatarios provinciales no están dispuestos a ceder su apoyo sin contraprestaciones. La mayoría pretende garantías de que sus distritos no quedarán desfinanciados y que los cambios no afectarán la autonomía fiscal provincial. La figura de Guillermo Francos, jefe de Gabinete, aparece como articulador clave, aunque este lunes no asistirá al CFI por encontrarse en Córdoba.
El martes, Francos intentará poner en marcha el Consejo de Mayo, con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo como enlace con los mandatarios provinciales. Su rol será clave para tender puentes entre la Nación y las provincias más críticas, como Córdoba y Santa Fe.
UN CLIMA POLÍTICO TENSO
Las negociaciones con los gobernadores se desarrollan en paralelo a la intención de la Casa Rosada de consolidar alianzas con sectores del PRO, en particular con dirigentes como Cristian Ritondo y Soledad Martínez, quienes operan electoralmente en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la alianza electoral con La Libertad Avanza no está sellada y las disputas internas complican el armado.
Mientras tanto, la agenda parlamentaria del segundo semestre dependerá, en gran parte, de cómo se resuelva este tironeo financiero entre Nación y provincias. El riesgo es que, si no hay acuerdo, se frene el tratamiento de leyes clave y se agrave el malestar social por falta de respuestas a problemas cotidianos.
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