El reciente proyecto legislativo presentado por la diputada nacional por Corrientes, Sofía Brambilla, del PRO, propone la disolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un organismo clave en la regulación, control y promoción de uno de los sectores productivos más emblemáticos de la región. La iniciativa prevé derogar la Ley 25.564 y transferir todos los recursos del instituto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Más allá del lenguaje oficial que plantea “responder a las demandas de quienes trabajan en la cadena productiva”, este proyecto constituye un claro retroceso institucional. La disolución del INYM implica un debilitamiento del control y la representación directa de los productores y la industria yerbatera, al concentrar su manejo en un organismo centralizado y político, sin la participación específica del sector.
El INYM fue creado para garantizar la transparencia en la comercialización, promover el desarrollo sustentable y defender los intereses de los actores involucrados en la producción y exportación de yerba mate. Su disolución, por el contrario, podría abrir la puerta a manejos discrecionales y a la pérdida de autonomía en un sector con fuerte arraigo en Corrientes y Misiones, donde la yerba mate no solo es un recurso económico, sino también cultural.
El proyecto establece además la creación de un “Fondo provisorio” que administrará la Secretaría de Agricultura, bajo la justificación de continuar apoyando a los integrantes de la cadena productiva. Sin embargo, esta propuesta carece de garantías claras sobre la transparencia en el manejo de esos fondos y no garantiza que los recursos se destinen efectivamente a fortalecer el sector.
El consenso parlamentario que exhibe el proyecto, con la firma de casi 20 diputados de distintas provincias y bloques, no debe ser confundido con un respaldo unánime a la mejora de la producción yerbatera. Más bien, revela una postura alineada con un modelo de concentración del poder estatal, donde las políticas públicas se deciden centralizadamente, alejadas de las necesidades concretas y voces de los productores locales.
En un contexto donde la yerba mate enfrenta desafíos como la competencia internacional, el cambio climático y la necesidad de modernización tecnológica, la propuesta del PRO y aliados parece más un ajuste administrativo con fines políticos que una solución real a las problemáticas del sector.
Este proyecto también contrasta con el principio de federalismo productivo que debería primar en una Argentina con economías regionales tan diversas. La desaparición del INYM implicaría un paso atrás en la defensa específica de un cultivo estratégico para la economía del noreste argentino.
En conclusión, la iniciativa parlamentaria que impulsa la disolución del INYM responde más a una lógica centralista y de desguace institucional que a una estrategia de fortalecimiento productivo. Resulta fundamental que el debate legislativo contemple la importancia del organismo para la yerba mate, la sustentabilidad de su modelo de gestión y la voz de quienes viven de esta actividad.
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