Una licitación por u$s450 millones para la compra y distribución de pañales en el PAMI desató sospechas de corrupción tras conocerse que el proceso se realizó en apenas seis días hábiles, con condiciones cambiadas que impidieron ofertar a tres de las cuatro empresas participantes. El contrato, firmado por el titular del organismo, *Esteban Leguizamo*, incluye pagos anticipados y un aumento del 20% en los precios respecto del convenio anterior.
IRREGULARIDADES EN EL PROCESOEl nuevo esquema licitatorio exige condiciones logísticas imposibles de cumplir en seis días, como galpones en CABA y AMBA con capacidad para 15.000 pallets y una póliza de seguro de $25.000 millones. Las empresas damnificadas presentaron cartas de queja y denuncian que el pliego fue hecho a medida para una firma específica que ya había comenzado gestiones antes de publicarse los términos oficiales.
IMPACTO EN LOS AFILIADOSEl cambio en la modalidad implica la salida de farmacias y droguerías, y concentra el reparto en una sola empresa, lo que genera temor sobre el uso de padrones desactualizados y la posibilidad de cobros por productos no entregados. Actualmente, más de 200.000 afiliados reciben estos insumos a través de recetas electrónicas avaladas por profesionales.
DENUNCIAS Y DETERIORO EN LA CALIDADLas críticas no solo apuntan al proceso administrativo, sino también a la calidad del producto: los nuevos pañales pesan 50 gramos en lugar de 75, eliminan capas de absorción y emplean cintas más pequeñas. Fuentes técnicas afirman que se trata de pañales más livianos y probablemente importados, lo que baja costos logísticos pero deteriora la calidad del insumo sanitario.
ESCENARIO POLÍTICO Y JUDICIALEl escándalo se enmarca en internas dentro del Gobierno nacional y en un contexto donde ya existen denuncias por sobreprecios de hasta el 700% en compras sin licitación. Aunque aún no hay imputaciones formales, el caso promete escalar judicialmente y volver a poner bajo la lupa la gestión del PAMI y sus mecanismos de contratación.
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