Desigualdad en la justicia de Corrientes: entre la burocracia y la ineficiencia judicial

El sistema judicial de Corrientes atraviesa una crisis que afecta principalmente a los ciudadanos más vulnerables, quienes deben lidiar con una estructura burocrática que, lejos de facilitar el acceso a la justicia, lo convierte en una carrera llena de obstáculos. La reciente disparidad entre los juzgados de la 1ª y 2ª Circunscripción es un reflejo de esta realidad desigual, donde algunos ciudadanos logran obtener resoluciones rápidas, mientras que otros quedan atrapados en demoras interminables y trámites innecesarios.

DESIGUALDAD EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CASOS

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4 de la 1ª Circunscripción, bajo la dirección de la doctora Carolina Macarrein, ha demostrado ser un ejemplo de eficiencia. En un caso reciente, resolvió un divorcio en solo seis días hábiles. Sin embargo, este tipo de resolución rápida es la excepción, no la regla. La justicia no debe basarse en casos aislados, sino en un sistema que garantice a todos los ciudadanos un acceso equitativo a una resolución oportuna. La diferencia de tiempos de resolución entre juzgados pone de manifiesto la falta de uniformidad en el servicio judicial de la provincia.

LA CRISIS EN EL JUZGADO DE AZCONA

El panorama en la 2ª Circunscripción, particularmente en el Juzgado de Daniel Alejandro Azcona en Santa Lucía, es completamente distinto. En este juzgado, las demoras no son excepcionales, sino constantes. Existen casos de divorcio que llevan más de un año sin resolución, lo que afecta de manera directa la vida de las personas involucradas. Las causas se estancan, y la falta de respuestas afecta a los ciudadanos que, a pesar de ser parte de un proceso judicial, no encuentran un camino claro hacia la resolución de sus problemas.

El retraso en estos casos no es solo un inconveniente temporal. La vida de los involucrados queda suspendida, esperando una decisión que debería ser tomada en un plazo razonable. La acumulación de causas y la falta de respuesta genera una sensación de injusticia, de desamparo, que solo refuerza la desconfianza de la ciudadanía en el sistema judicial.

EXCESO DE FORMALISMOS Y BARRERAS BICLÁSTICAS

A la lentitud de los trámites en el Juzgado de Azcona se le suma el exceso de formalismos innecesarios. La burocracia que caracteriza a este juzgado convierte cada proceso en una serie de pasos redundantes y engorrosos, que no solo alargan el tiempo de resolución, sino que también obstaculizan el acceso real a la justicia. Las causas deben atravesar barreras que no aportan valor al proceso, sino que solo incrementan el tiempo de espera y la frustración de los ciudadanos.

UN SISTEMA JUDICIAL EXCLUYENTE

La desigualdad en el acceso a la justicia no es un fenómeno aislado, sino un reflejo de un sistema judicial excluyente. Si bien algunos juzgados de la provincia operan de manera más ágil y eficiente, otros siguen atrapados en la inercia burocrática. Esto genera una profunda división entre los ciudadanos que acceden a una justicia pronta y aquellos que, por estar en una circunscripción menos favorecida, deben esperar años para que se resuelvan sus casos.

Este escenario refuerza la idea de que la justicia se ha convertido en un lujo que solo algunos pueden permitirse, mientras que otros quedan relegados a la espera indefinida. En lugar de ser un servicio igualitario, el sistema judicial parece favorecer a aquellos que tienen los recursos, el tiempo o la paciencia para atravesar el tortuoso proceso.

LA JUSTICIA DEBE SER UN DERECHO UNIVERSAL

El acceso a una justicia ágil y eficiente es un derecho fundamental que debe ser garantizado en toda la provincia. No debe haber distinción entre los ciudadanos según su ubicación, situación económica o capacidad de hacer frente a los trámites burocráticos. El sistema judicial debe ser un servicio al ciudadano, no una trampa de formalismos que prolongue innecesariamente los procesos. La justicia debe ser accesible, equitativa y rápida para todos.

Para corregir esta desigualdad, las autoridades judiciales deben tomar medidas inmediatas. La implementación de reformas que agilicen los trámites, que reduzcan la burocracia innecesaria y que ofrezcan un sistema judicial más equitativo, es urgente. Solo de esta manera se garantizará que la justicia deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho para todos los habitantes de Corrientes.

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