Un proyecto de ordenanza presentado por la oposición busca declarar el estado de alerta preventiva ante el fenómeno climático que ya anticipan NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional. A un mes de su ingreso, la iniciativa no tiene fecha de tratamiento en el Concejo Deliberante.
Goya, Corrientes. Mientras organismos científicos de alcance mundial —desde la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional de Estados Unidos (NOAA) hasta el Servicio Meteorológico Nacional argentino— advierten sobre la alta probabilidad de consolidación de un evento El Niño durante el segundo semestre de 2026, en el Honorable Concejo Deliberante de Goya existe un proyecto de ordenanza que apunta justamente a preparar a la ciudad para ese escenario. El problema: hace más de un mes que ingresó a comisión y todavía no tiene fecha de tratamiento.
El proyecto, titulado «Alerta Hídrica: Declara estado de alerta hídrica preventiva por fenómeno El Niño 2026», fue presentado por los concejales de la oposición Marcos Damián González, María Belén Gogga, Oscar Ferrero y Eladia Fernández. Su objetivo central es declarar un estado de alerta hídrica preventiva en el ámbito municipal hasta el 31 de marzo de 2027, encomendar al Departamento Ejecutivo la elaboración de un plan integral de contingencia y crear una comisión especial de seguimiento.
Lo que dice la ciencia
Los fundamentos del proyecto son contundentes. Según informes coincidentes de la NOAA, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el International Research Institute for Climate and Society (IRI) y el Servicio Meteorológico Nacional, el desarrollo de un evento ENSO cálido (El Niño) durante 2026 es altamente probable. Para la región del Litoral argentino y el Cono Sur, este fenómeno se asocia históricamente a un incremento significativo de precipitaciones, eventos hidrometeorológicos extremos, saturación de sistemas de drenaje urbano y, en última instancia, riesgo de inundaciones y anegamientos.
La ciudad de Goya, con antecedentes documentados de vulnerabilidad frente a eventos hídricos extraordinarios, no está ajena a esa amenaza. El texto recuerda que la prevención constituye un deber esencial del Estado municipal, especialmente cuando existen evidencias técnicas que permiten prever escenarios de riesgo.
Una hoja de ruta para la prevención
La ordenanza propone una agenda concreta. Entre sus puntos centrales, exige:
- Evaluación técnica integral del estado operativo del sistema de defensas contra inundaciones.
- Relevamiento y mantenimiento preventivo de estaciones de bombeo, canales, reservorios, compuertas y desagües, incluyendo grupos electrógenos de respaldo.
- Identificación de sectores críticos y zonas vulnerables.
- Protocolos de evacuación, centros de contingencia y refugios temporales.
- Sistema de monitoreo hidrometeorológico con umbrales críticos de precipitación y altura de ríos, y protocolos de alerta temprana a la población.
- Informes periódicos: mensuales del PRO.DE.GO. al Concejo, y un informe de situación completo en 60 días con estado operativo, electromecánico, presupuestario y de recursos humanos.
Además, la iniciativa crea una comisión especial de seguimiento integrada por representantes de cada bloque político, el PRO.DE.GO., Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y organismos técnicos, con carácter consultivo.
El trámite frenado
Según confirmaron sus autores, el proyecto ingresó formalmente a la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos del HCD el pasado 27 de mayo de 2026. Sin embargo, a la fecha no fue dispuesto su tratamiento por la presidenta de ese cuerpo, Mónica Cortinovis.
La demora genera inquietud entre los impulsores de la norma, que insisten en que el factor tiempo es crítico: si las previsiones climáticas se confirman, la ciudad debería estar preparando su infraestructura antes de que lleguen las lluvias extraordinarias, no durante ellas.
El contexto normativo
El proyecto también pone sobre la mesa la necesidad de actualizar el marco normativo del Proyecto de Defensas de Goya (PRO.DE.GO.), regulado por las ordenanzas 575/93, 754/96 y 1.133/03. La iniciativa establece plazos claros: si en 60 días el Departamento Ejecutivo no remite un informe sobre el cumplimiento de la cláusula transitoria de la ordenanza 1.133/03, el Concejo procederá de oficio a tratar la actualización. Si a los 90 días no hay propuesta, el tratamiento será obligatorio.
En paralelo, la norma invita a organismos provinciales, nacionales, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, empresas de servicios públicos, universidades y organizaciones de la sociedad civil a coordinar acciones preventivas.
¿Demora política o técnica?
Con el fenómeno El Niño en el horizonte y la temporada de lluvias cada vez más cerca, la pregunta que ronda en el ámbito político local es si la demora responde a cuestiones técnicas de análisis o a una disputa de trámite entre bloques. Lo cierto es que, mientras el proyecto espera en un cajón, los plazos para prevenir se achican.