La represión del 12M y el quiebre del Estado de Derecho

La abogada justicialista María Rosa Pozzer advirtió que la represión ejercida el 12 de marzo contra manifestantes frente al Congreso representó una violación grave de los derechos constitucionales y democráticos en Argentina. Señaló que el accionar de las fuerzas de seguridad, bajo órdenes del gobierno de Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich, no solo fue desproporcionado e injustificado, sino que marcó un quiebre en el Estado de Derecho.

VIOLACIÓN DEL DERECHO A PROTESTA

El artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza el derecho a reunirse pacíficamente y a peticionar a las autoridades. Sin embargo, el operativo de seguridad del 12M demostró que estos principios están siendo vulnerados. Pozzer subrayó que el derecho a la protesta no es un delito, sino una herramienta fundamental de la democracia. “Cuando el Estado reprime la manifestación pacífica, estamos ante un claro retroceso institucional”, afirmó.

Además, recordó que el artículo 75 inciso 22 de la Constitución otorga jerarquía constitucional a tratados internacionales de derechos humanos que protegen la protesta social. “La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que toda persona tiene derecho a expresar su descontento con las políticas de gobierno sin temor a represalias”, explicó.

DETENCIONES ARBITRARIAS Y VIOLENCIA

Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo detenciones masivas y arbitrarias. Muchos de los manifestantes fueron privados de su libertad sin pruebas en su contra, en un claro intento de criminalizar la protesta. La jueza Karina Andrade ordenó la liberación de los detenidos al considerar que no existían fundamentos legales para su arresto. “El accionar policial respondió a una estrategia política de amedrentamiento, no a la aplicación de la ley”, sostuvo Pozzer.

Además de los arrestos ilegales, se registraron numerosos casos de violencia desmedida. Se utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos contra manifestantes, incluyendo jubilados y trabajadores que se movilizaban pacíficamente. Periodistas que cubrían la protesta también fueron agredidos, lo que pone en riesgo la libertad de prensa y el derecho a la información.

UN MODELO DE EXCLUSIÓN QUE SE IMPONE CON REPRESIÓN

Para Pozzer, la represión del 12M no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia de gobierno para acallar el descontento social. “Las políticas de ajuste de Milei han afectado principalmente a los sectores más vulnerables: jubilados, trabajadores, docentes y estudiantes. Ante la reacción popular, la respuesta es la represión y la criminalización de la protesta”, señaló.

La abogada denunció que el modelo económico del gobierno actual está basado en la concentración de la riqueza y la exclusión social. “El Estado está abandonando su función de garantizar derechos básicos. Se han recortado jubilaciones, eliminado subsidios esenciales y aumentado tarifas de manera descontrolada. Estas medidas generan una creciente desigualdad y afectan a millones de argentinos”, explicó.

Según Pozzer, la represión es una herramienta de disciplinamiento. “El mensaje que quiere dar el gobierno es claro: el que protesta, será castigado. Pero la historia nos demuestra que los pueblos no se someten fácilmente”, advirtió.

UN FUTURO DE RESISTENCIA

Ante este escenario, Pozzer llamó a la organización y la movilización popular para defender la democracia. “La única forma de frenar este avance autoritario es con unidad y lucha. No podemos permitir que se nos arrebaten derechos conquistados con años de esfuerzo”, enfatizó.

También destacó el rol de la ciudadanía en la defensa de las instituciones. “El pueblo argentino ha demostrado en varias ocasiones que no tolera la injusticia. La reacción ante la represión del 12M es solo el comienzo de una resistencia mayor. No podemos naturalizar la violencia estatal”, advirtió.

Finalmente, Pozzer insistió en la importancia de la memoria colectiva. “No debemos olvidar lo que pasó. La represión y la persecución política no tienen cabida en una sociedad democrática. El pueblo debe estar alerta y movilizado para impedir que se sigan vulnerando sus derechos”, concluyó.

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