La reacción del vocero presidencial Manuel Adorni frente a la movilización convocada por la CGT y las organizaciones de jubilados demuestra una preocupante desconexión del gobierno nacional respecto a la realidad social del país. Lejos de reconocer la legitimidad del reclamo, Adorni optó por minimizar el alcance de la protesta y victimizar al Ejecutivo con una frase que desnuda su falta de autocrítica: «Evidentemente no quieren que nosotros gobernemos».
EL GOBIERNO NIEGA LA CRISIS SOCIAL
En lugar de abordar con seriedad el impacto del ajuste sobre los sectores más vulnerables, Adorni se refugió en el argumento gastado de que “el paro complica a la gente”. Pero lo que realmente complica a millones de argentinos no es la medida de fuerza, sino el plan económico que lleva adelante Javier Milei, que ha deteriorado profundamente el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones.
El rol del Estado no puede reducirse a la gestión tecnocrática del presupuesto ni a la represión del descontento social. La movilización que colmó las calles en defensa de los jubilados y del derecho a una vejez digna es una expresión legítima de resistencia frente a un modelo que prioriza el equilibrio fiscal a cualquier costo, incluso el humano.
LA DEMOCRACIA NO SE SUSPENDE POR INCÓMODA
Adorni intenta instalar que la protesta es ilegítima porque “no hubo paros durante el gobierno anterior”, como si los derechos constitucionales dependieran del color partidario del Ejecutivo. En democracia, la protesta social no sólo es válida: es necesaria cuando el Gobierno no escucha. La movilización sindical no es un acto subversivo, sino una herramienta legal y legítima para equilibrar el poder en una sociedad desigual.
El discurso oficial pretende presentar a la CGT como una corporación que defiende privilegios. Sin embargo, en esta jornada, el protagonismo lo tuvieron los jubilados, que cobran haberes que no alcanzan para cubrir una canasta básica. Invisibilizar esa realidad y descalificar a quienes se movilizan es una forma de violencia institucional, que busca acallar el conflicto en lugar de resolverlo.
EL ROL DEL VOCERO Y EL DEBER DE VERDAD
Un vocero presidencial no puede convertirse en un propagandista acrítico. Su función es informar con transparencia, no blindar al Gobierno frente al malestar creciente. En su lugar, Adorni eligió una estrategia comunicacional basada en la negación y el ataque, desconociendo el carácter masivo y pacífico de la manifestación, que se replicó en todo el país.
Su discurso desconecta completamente al oficialismo de la Argentina real: la del jubilado que elige entre medicamentos y comida, la del docente que necesita tres trabajos para sobrevivir, la del trabajador registrado que no llega a fin de mes. Si el gobierno nacional pretende “hacer lo que hay que hacer”, como repite el propio Adorni, debería comenzar por reconocer la existencia de una crisis social que no se soluciona con marketing ni con slogans libertarios.
LA AGENDA SOCIAL NO PUEDE POSTERGARSE MÁS
La justicia social no es un gasto: es una inversión en paz, en cohesión, en democracia sustantiva. Por eso, en lugar de demonizar a los sindicatos o culpar a los manifestantes por ejercer su derecho, el gobierno debería atender con urgencia la situación de quienes ya no pueden esperar. Y si no lo hace, debe asumir las consecuencias políticas del descontento popular, sin excusas ni teatralizaciones.
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