La Justicia correntina dictó el procesamiento de Mariano Garay, exintendente de Santo Tomé, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La jueza Sara Marina Durand, a cargo de la investigación, considera que existen elementos suficientes para sostener que el exjefe comunal utilizó fondos públicos en beneficio personal.
ACUERDO JUDICIAL EN EL ORIGEN DEL CASOEl hecho que motivó la investigación tuvo origen en una denuncia presentada en 2021 por la actual concejal Carmen Braña. Según consta en el expediente, Garay habría desviado recursos municipales para alcanzar un acuerdo extrajudicial con su expareja, Frey Ríos, en el marco de una demanda civil por abandono de persona, derivada de un accidente de tránsito.
BIENES NO JUSTIFICADOSLa causa detalla que el exintendente no pudo justificar el origen lícito de los bienes utilizados en el acuerdo: una vivienda, cinco millones de pesos en efectivo y diversos objetos de alto valor. Estos elementos fueron considerados claves por la magistrada para avanzar con el procesamiento, al entender que no corresponden al patrimonio declarado por Garay durante su gestión.
RESPALDO DE DOS DICTÁMENES FISCALESEl procesamiento fue solicitado previamente por dos dictámenes fiscales que coincidieron en la existencia de indicios sólidos para continuar con la causa. La resolución de la jueza Durand implica que Garay deberá enfrentar el proceso en calidad de imputado formal por el delito de enriquecimiento ilícito, contemplado en el Código Penal argentino.
PRÓXIMAS ETAPAS DEL PROCESOLa investigación continuará ahora con la etapa de instrucción suplementaria, donde se ampliarán peritajes patrimoniales y se convocará a nuevos testigos. En paralelo, se evalúa la posibilidad de requerir la inhibición de bienes del imputado como medida preventiva. El caso permanece bajo seguimiento del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, que calificó los hechos como «de alta gravedad institucional».
La defensa de Garay, por su parte, adelantó que apelará el procesamiento al considerar que no existen pruebas directas del presunto desvío de fondos, y sostiene que el acuerdo con Ríos se realizó con dinero proveniente de ahorros personales.
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