Se trata del Fondo de Asistencia Laboral, la reforma que reemplaza el pago de indemnizaciones al despedir por aportes mensuales capitalizados. Las empresas ahorrarán costo e incertidumbre, pero la Anses resignará ingresos que el Gobierno promete compensar con más formalización laboral. El verdadero objetivo político asoma detrás: crear “gremios capitalistas” que administren, junto a brokers empleadores.
Carlos Burgueño
Luis “Toto” Caputo y Federico Sturzenegger están expectantes. Pronto comenzará a funcionar un nuevo instrumento en el mercado de capitales, del que ambos ministros son creadores, impulsores, defensores y, eventualmente, responsables de sus consecuencias. Ojalá sean buenas. El 1° de noviembre comenzará a funcionar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno de Javier Milei desde la aprobación de la Ley de Modernización Laboral.
La iniciativa modifica la forma en que las empresas financian las indemnizaciones por despido: reemplaza el pago al momento de la desvinculación por un sistema de aportes periódicos administrados a través del mercado de capitales. El objetivo oficial es doble: reducir la incertidumbre que enfrentan los empleadores al contratar personal y canalizar ahorro hacia inversiones de largo plazo. El régimen fue reglamentado en mayo y comenzará a regir en noviembre.
El FAL, que podrá usarse para pagar despidos, será voluntario para los empleadores
El FAL permite a los empleadores privados con representatividad gremial –con excepción de la construcción y el servicio doméstico– constituir un fondo individual destinado exclusivamente a afrontar futuras indemnizaciones laborales. Los recursos quedarán separados del patrimonio de la empresa, serán inembargables y sólo podrán utilizarse para cancelar obligaciones derivadas de despidos, preaviso e integración del mes de despido. El sistema será, se promete, voluntario para empleados y empleadores.
La novedad central es que las contribuciones dejarán de ser un gasto corriente del sistema previsional y pasarán a integrar un patrimonio financiero administrado por entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. El empleador elegirá al administrador y realizará aportes mensuales calculados sobre la masa salarial: las grandes empresas aportarán el 1% de las remuneraciones sujetas a contribuciones patronales, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas integrarán un 2,5%.
En Economía sostienen que el costo incierto de una futura indemnización es uno de los principales obstáculos para la contratación de trabajadores permanentes. Con el nuevo esquema, el pasivo laboral deja de concentrarse en el momento del despido y se financia gradualmente durante toda la relación laboral. La lógica es transformar un costo elevado e imprevisible en un flujo mensual conocido.
Pero existe una contrapartida fiscal. La reglamentación establece que el aporte al FAL se compensará con una reducción equivalente de determinadas contribuciones patronales al sistema de seguridad social. El dinero que hasta ahora ingresaba a los organismos previsionales pasará a alimentar cuentas individuales destinadas a financiar indemnizaciones futuras.
El Gobierno sostiene que el impacto será neutral porque la menor recaudación se compensará con mayor formalización del empleo, menos litigiosidad laboral y crecimiento económico. Economistas advierten, en cambio, que durante los primeros años la Anses podría enfrentar menores ingresos efectivos mientras el empleo formal todavía no alcance para compensar la reducción de las contribuciones.
Lo que seguramente aparecerá es un nuevo jugador para el mercado de capitales. Eso entusiasma a Caputo y a los operadores financieros que todavía recuerdan los tiempos de las AFJP. Los aportes mensuales de millones de trabajadores conformarán fondos de inversión de largo plazo administrados por sociedades gerentes autorizadas por la CNV. Podrán invertirse en instrumentos de bajo riesgo, obligaciones negociables, fideicomisos financieros, títulos públicos y otros activos permitidos.
En la Bolsa de Comercio de Rosario estiman que el nuevo régimen puede convertirse en una fuente estable de financiamiento para empresas y proyectos productivos, similar al papel que cumplen los fondos previsionales en mercados desarrollados. La comparación con las AFJP es inevitable, aunque existen diferencias: mientras aquellas administraban aportes jubilatorios, el FAL tendrá una finalidad acotada a la constitución de reservas para indemnizaciones. Aun así, por el volumen potencial de recursos, representa el nacimiento de un nuevo inversor institucional en la economía argentina.
Desde el sistema financiero se especula con que el fondo podría manejar unos US$ 3.000 millones en poco tiempo y hasta US$ 5.000 millones en el mediano plazo. Eso lo convertiría en un instrumento de influencia considerable sobre el mercado de capitales local. De sus decisiones podrían depender inversiones en infraestructura y el financiamiento de empresas con futuro. O, con la misma facilidad, transformarse en un nuevo mecanismo de especulación financiera, con instrumentos legales pero de dudosa moralidad y potencial impacto sobre la estabilidad cambiaria y monetaria.
Hay además otro aspecto: la posibilidad de formar una nueva generación de “sindicatos capitalistas” que adhieran voluntariamente al régimen y se conviertan en inversores, eligiendo junto con empleadores y brokers dónde colocar el dinero destinado a los trabajadores eventualmente despedidos.
El resultado dependerá de la libertad y responsabilidad con que se reglamente el FAL. La idea original surgió de los laboratorios del Ministerio de Desregulación de Sturzenegger y fue adoptada rápidamente por el Palacio de Hacienda. En la visión política del oficialismo, puede modificar de raíz la relación entre el Gobierno, el mundo sindical y los trabajadores en relación de dependencia, ubicando el punto de contacto entre las partes donde el Ejecutivo mejor sabe mirar: el dinero.
Así, el Gobierno promete resolver uno de los problemas que más desvela a los privados: cómo solventar un sistema de despidos extremadamente costoso, al punto de convertirse en una traba sustancial para contratar trabajadores en blanco. El resultado será, para bien o para mal, responsabilidad de Caputo y su equipo.
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