La 5ª sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Goya estuvo marcada por un extenso y tenso debate respecto a la legitimidad de la votación registrada en la sesión anterior, vinculada al manejo presupuestario del cuerpo. El punto en discusión giró en torno a la validez del acta que daba por rechazado un proyecto con votación dividida 8 a 7, lo que generó acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición, y dejó en evidencia una creciente fragmentación política.
DISPUTA POR EL CONTENIDO DEL ACTALa controversia se inició con la solicitud de la concejal Mónica Cortinovis (PL – Vamos Corrientes), quien pidió la lectura del punto 5 del acta anterior, argumentando que el proyecto allí tratado contaba con dictamen favorable de comisión y había sido aprobado por mayoría absoluta. Según su interpretación, la votación 8 a 7 no puede ser considerada un rechazo, por lo que pidió formalmente la modificación del acta.
Desde la presidencia, el viceintendente Pedro Cassani (h) sostuvo que, al tratarse de una modificación del reglamento interno, el proyecto requería mayoría especial, es decir, dos tercios. Como no se alcanzaron los 10 votos necesarios, se consideró rechazado. Cortinovis cuestionó esa decisión y recordó que, según el artículo 126 del reglamento, el acta puede modificarse si su contenido no refleja fielmente lo sucedido.
POSTURAS OPUESTAS Y CRUCES POLÍTICOSEl debate se intensificó con la intervención del concejal Antonio Mazzaro (ELI), quien calificó los planteos como «absurdos» y defendió la validez del acta tal como fue redactada. Afirmó que el proyecto implicaba una modificación presupuestaria del cuerpo, lo que exige una mayoría agravada. Mencionó que hay registros de taquigrafía y grabaciones que respaldan la posición de Presidencia.
En contraste, la concejal Vivian Merlo (UCR) afirmó que los concejales tienen facultad para modificar el acta si ésta no refleja con precisión lo votado. Denunció que el presidente del cuerpo actuó arbitrariamente al interpretar el resultado como un rechazo sin tener voto, ya que no es concejal. Coincidió con Cortinovis en que se trató de una decisión institucional mal encausada.
El concejal Sebastián Mazzaro (PL – Vamos Corrientes) reforzó esta línea argumental al señalar que el artículo 182, citado por Presidencia para justificar la necesidad de dos tercios, no menciona en ningún punto modificaciones presupuestarias. «No fue una reforma al reglamento ni una cuestión económica; fue simplemente ratificar la administración del presupuesto del cuerpo por el propio cuerpo», expresó.
Desde Unión por la Patria, la concejal Lorena Pérez Carballo sostuvo que el acta era fiel a lo sucedido, y que sólo podía modificarse si hubo errores de transcripción. Señaló que el proyecto se trató y se votó, y que no correspondía una nueva votación sin una moción formal de reconsideración. Anticipó el rechazo de su bloque a cualquier intento de alterar lo registrado.
CRISIS POLÍTICA Y FISURAS INTERNASEl concejal Leandro Montti (PJ – Unión por la Patria) introdujo una dimensión política al debate al advertir sobre el desgaste del oficialismo y el quiebre de alianzas dentro del HCD. Criticó que se dediquen más de 40 minutos a un tema interno mientras los vecinos enfrentan problemas urgentes como la crisis productiva o la precariedad laboral. «Discutimos sobre una interpretación cuando la gente necesita soluciones concretas», manifestó.
En respuesta, Marcelo Frattini (PL – Vamos Corrientes) defendió la iniciativa de modificar el acta y remarcó que «no se trata de una disputa interna, sino de una cuestión institucional». Aseguró que el proyecto fue aprobado por 8 votos contra 7, y que el presidente no puede revertir ese resultado. Planteó que la votación sea nominal para dar transparencia al proceso.
La concejal Cecilia Gortari (Unión por la Patria) pidió que se aclare si se trataba de una moción de reconsideración o simplemente de modificación del acta, ya que los procedimientos son diferentes. El presidente Pedro Cassani reiteró que sin votación afirmativa la moción no prospera y dio por rechazada la modificación propuesta, lo que fue objetado por varios ediles.
CIERRE CON TENSIÓN Y SIN RESOLUCIÓNFinalmente, ante la falta de consenso, el presidente declaró rechazada la aprobación del acta de la sesión anterior, lo que generó protestas y reclamos por parte de concejales que exigían una interpretación ajustada al reglamento. La sesión continuó con los puntos del orden del día, pero el conflicto quedó latente.
La discusión reveló fisuras profundas dentro del Concejo, con cuestionamientos sobre el rol de la Presidencia, las atribuciones del cuerpo legislativo y el respeto por los procedimientos. Aunque no hubo resolución definitiva sobre el fondo del conflicto, el episodio dejó abierta una tensión institucional que podría escalar en futuras sesiones.
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