El Honorable Concejo Deliberante de Goya aprobó por unanimidad una modificación al Código Tributario Municipal que implica la derogación del derecho de publicidad y propaganda. Con esta decisión, se elimina un tributo que, según las autoridades locales, generaba más incertidumbre que beneficios y cuyo cobro se había tornado inaplicable en la práctica durante los últimos años.
ANTECEDENTES DEL TRIBUTODurante la sesión ordinaria del 14 de mayo, el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, concejal Sebastián Mazzaro, expuso los fundamentos del proyecto. Explicó que el derecho de publicidad y propaganda había sido incorporado al viejo Código Tributario de 1985 y posteriormente modificado por la Ordenanza 615 de 1994, que lo absorbió dentro de la tasa de comercio. «Durante muchos años no se cobró, y recién en 2014, bajo la gestión del profesor Gerardo Bassi, fue reincorporado formalmente en un nuevo Código Tributario», indicó el edil.
Mazzaro señaló que, a pesar de estar incluido en la normativa, el tributo no se aplicaba de forma efectiva, ya que implicaba una prestación de servicios que el municipio no estaba en condiciones de garantizar. Recién en los últimos años se intentó cobrar mediante un registro de cartelería, aunque la obligación recaía sobre los propietarios de las marcas, generando tensiones entre el Ejecutivo y los comerciantes locales.
LA POSICIÓN DEL SECTOR COMERCIALLa iniciativa de eliminación del tributo contó con el respaldo explícito del sector comercial, que desde hace tiempo venía reclamando mayor previsibilidad tributaria. Así lo expuso el concejal Antonio Mazzaro, del bloque ELI, quien recordó que el tema había sido planteado originalmente por una nota de la Cámara de Comercio de Goya y la Asociación de Comercio. «Los comerciantes manifestaron su malestar y pidieron la derogación del tributo por considerarlo confuso e injusto», señaló.
Según Mazzaro, el bloque ELI ya había presentado un proyecto en agosto de 2024 con idéntico propósito, pero su tratamiento se estancó por cuestiones técnicas. «La redacción inicial no especificaba con claridad aspectos fundamentales como la retroactividad ni la situación de quienes ya habían pagado, lo que impidió su avance», explicó. Finalmente, el Ejecutivo recogió el planteo, elaboró un nuevo texto más ajustado y lo envió al Concejo para su aprobación.
RAZONES TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE LA DEROGACIÓNDurante el debate, el concejal Sebastián Mazzaro retomó la palabra para profundizar en los aspectos técnicos. Aseguró que el tributo carecía de fundamentos sólidos en su formulación actual y que el costo de su implementación superaba los beneficios recaudatorios. «El derecho a la publicidad y propaganda no se corresponde con una prestación clara de servicios, y su aplicación había devenido en una herramienta coercitiva más que en un instrumento tributario eficaz», explicó.
Mazzaro también refutó las críticas del concejal Antonio Mazzaro, quien cuestionó el liderazgo del oficialismo en la iniciativa, recordando que el primer proyecto había sido presentado por su bloque. «El año pasado no se avanzó porque varios miembros de la comisión de economía no asistieron a las reuniones, incluido quien hoy se adjudica el mérito. Sin quórum no se puede legislar», expresó el edil oficialista.
CONSENSO POLÍTICO Y UNANIMIDAD EN LA VOTACIÓNPese a las diferencias políticas expresadas durante la discusión, todos los bloques coincidieron en la necesidad de avanzar con la derogación. La votación fue unánime, con los 15 concejales presentes dando su apoyo al proyecto. El consenso alcanzado reflejó la voluntad de ofrecer mayor certidumbre normativa al sector comercial y reducir la burocracia municipal.
La concejal Lorena Pérez Carballo, de Unión por la Patria, destacó que la medida «responde a un reclamo legítimo del empresariado local» y que «la revisión del Código Tributario debe continuar, eliminando o actualizando figuras impositivas en desuso». Desde el bloque PRO, la concejal Gabriela Refojos coincidió en la necesidad de «ordenar el sistema tributario local» y sostuvo que «este tipo de iniciativas son útiles siempre que vayan acompañadas de una administración transparente».
IMPACTO ESPERADO Y PRÓXIMOS PASOSLa derogación del derecho de publicidad y propaganda no implica una modificación en la Ordenanza Tarifaria, sino que representa un cambio de fondo en el Código Tributario. En la práctica, deja sin efecto la facultad municipal de cobrar por elementos publicitarios instalados por comerciantes, marcas o empresas, eliminando un factor de fricción frecuente en la relación entre el municipio y el sector privado.
Fuentes del Departamento Ejecutivo anticiparon que en las próximas semanas se presentará un nuevo proyecto de ordenanza que reorganice la política de espacios publicitarios en el ejido urbano, incluyendo criterios técnicos y urbanísticos, pero sin fines recaudatorios directos. De este modo, se busca reemplazar la lógica impositiva por una regulación más moderna, centrada en la convivencia urbana, el orden visual y la seguridad vial.
La sesión, que también abordó otros temas como el pedido de informe al hospital regional y la declaración de interés municipal de eventos culturales, tuvo como eje político el debate por la legitimidad de las decisiones del cuerpo, lo que incrementa la importancia del consenso logrado en este caso puntual.
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