La cuarta sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Goya se tornó escenario de un intenso y prolongado debate entre el oficialismo y la oposición, centrado en la interpretación del artículo 30 incisos 12 y 18 del reglamento interno, que establece las atribuciones del presidente del cuerpo respecto a la administración del presupuesto.
UN PROYECTO DE CLARIFICACIÓNEl proyecto presentado, que buscaba esclarecer —según el bloque oficialista— quién debe tener la facultad para decidir el destino de las partidas presupuestarias, fue aprobado por 8 votos a favor. Sin embargo, no alcanzó los dos tercios necesarios (10 votos sobre 15) requeridos para su validación definitiva, dado que se trata de una modificación con implicancias económicas, según lo establece el artículo 182 de la Carta Orgánica Municipal.
DIVISIÓN DE PODERES EN EL DEBATEEl concejal Sebastián Mazzaro, impulsor del proyecto, argumentó que la propuesta no pretendía modificar el reglamento sino aclarar su alcance, enfatizando que el vicepresidente del cuerpo —al estar vinculado al Poder Ejecutivo como viceintendente— no debería tener atribuciones directas sobre la ejecución presupuestaria del HCD. “Si hablamos de división de poderes, también debe existir en lo económico”, remarcó.
OPOSICIÓN Y CRÍTICAS AL PROYECTODesde la oposición, la concejal Lorena Pérez Carballo (UxP) sostuvo que el proyecto sí implicaba una modificación al reglamento, ya que proponía que el uso de los fondos requiriera el aval de los vicepresidentes 1º o 2º, lo que no está contemplado actualmente. Afirmó que “las atribuciones están claras en el artículo 30: el presidente administra los fondos con aprobación del cuerpo”.
ACUSACIONES Y CRUCES POLÍTICOSEl debate escaló en tono cuando el presidente del HCD, Pedro Cassani (h), tomó la palabra para aclarar que durante su gestión “nunca se recibieron los fondos correspondientes al Concejo por parte del Ejecutivo”, lo que habría impedido ejercer dicha administración. El cruce incluyó reclamos por la falta de insumos básicos para los concejales, como tinta para impresoras, y acusaciones de “autoritarismo” y “arbitrariedad” por parte del oficialismo, mientras que la oposición defendió la necesidad de mayoría especial para cualquier cambio reglamentario que afecte cuestiones económicas.
UNA SESIÓN SIN RESOLUCIÓNLa sesión finalizó con el rechazo del proyecto por no alcanzar la mayoría necesaria, dejando en evidencia una profunda grieta política en el seno del cuerpo legislativo local. Mientras algunos ediles pidieron “interpretación” para mejorar la transparencia, otros denunciaron un intento de modificar las reglas sin el consenso necesario.
LA TENSIÓN POLÍTICA LOCALLo que parecía una cuestión técnica sobre reglamento, se convirtió en un símbolo de la tensión política local, donde el equilibrio entre poderes, la transparencia institucional y la administración de recursos están en el centro de la escena.
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